ADRIANA CUAO - PERIODISTA DIGITAL

El 14 de noviembre del 2013, los habitantes de Santa Marta empezaron el día con la que fue quizás la noticia más desgarradora del año hasta ese momento: Salua Cabarcas Cotes, de siete años de edad, murió a manos de sicarios motorizados que  tenían como objetivo asesinar al padre de la niña, Luis Gabriel Cabarcas Gómez. Con un arma de fuego, los asesinos se dieron a la tarea de perpetrar el crimen sin percatarse de que una bala había impactado en el rostro de la menor.

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Cabarcas Gómez, quien se desempeñaba como comerciante, se disponía a llevar a sus dos niños al colegio, como solía hacerlo diariamente, a las 6:30 a.m. Las víctimas fueron abordadas en la entrada de su vivienda, en la Manzana A casa 20 del barrio Terranova al suroriente de la ciudad, por dos matones que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Salua recibió un proyectil en uno de sus ojos que le causó la muerte de inmediato y su padre fue impactado en la cabeza; según los reportes médicos del día del incidente, este último todavía tenía signos vitales cuando ingresó al hospital, pero debido a la gravedad de las heridas murió luego de unas pocas horas. Por fortuna, el niño que se encontraba con los afectados al momento del ataque logró salir ileso.

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Por la conmoción causada en la comunidad samaria y por las características atroces de este crimen, Carlos Caicedo Omar, alcalde en aquel entonces, firmó un decreto en el que quedó prohibida la movilización de motos con parrilleros hombres, además, las motocicletas deberían ser conducidas sólo por su propietario. Aunque fue una medida controversial rechazada por muchos, Caicedo Omar afirmó que era una decisión considerada en reuniones con la policía desde hacía tiempo por  los altos niveles de criminalidad que venían presentándose en la ciudad.

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Por muchos años Santa Marta atravesó una época de violencia y terror que cobró la vida de centenas de personas. Las cifras de muertes en la capital del Magdalena alcanzaron montos tan históricos que  estuvo dos veces consecutivas (2012-2013) en la lista anual expedida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de Las 50 ciudades más peligrosas del mundo, un listado que mide la tasa de asesinatos por año en América Latina en el cual Santa Marta ocupó el puesto 29 y 32 respectivamente.

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Un mototaxista samario, al que identificaremos como José por cuestiones de protección de identidad, que tiene alrededor de seis años en este oficio, asegura que, aunque el decreto fue prorrogado y sigue vigente, se atreve a llevar hombres en su moto si se trata de distancias cortas exponiéndose a una multa de $368.858 y la inmovilización inmediata de la moto, pero aclara que esto era un hecho impensable cuando la medida estaba reciente. Sobre la efectividad de esta restricción que en noviembre cumplirá cuatro años rigiendo en la ciudad, considera “es inútil, porque el atracador sigue atracando y el asesino sigue cobrando. Es, más bien, un gran daño para nosotros que mantenemos a nuestra familias con lo que nos ganamos día a día en la moto”.

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Es de esperarse que una medida tan drástica sea rechaza incluso cuando esta podría ser parte de la solución a los problemas de inseguridad que amenazan constantemente, no obstante, el choque de opiniones que rodean esta decisión crean un ambiente de desconfianza en una sociedad que no acostumbra a ver sus problemáticas tratadas con tanta determinación.

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Juan Antonio Meza, estudiante universitario, afirma que su movilización dentro de la ciudad se ha vuelto complicada, pues ya no le es fácil desplazarse con la rapidez que le brinda un mototaxista. Además se ha visto afectado en lo económico, debido a que una carrera por la que antes pagaba $1.500 hoy en día, si tiene suerte, la consigue en $5.000; por otro lado asegura que, independientemente de este tipo de problemas individuales, esta prohibición les dio a los habitantes un poco de tranquilidad al caminar por las calles.

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El Teniente  de la Policía Nacional seccional Santa Marta, Hernán Sánchez, asegura que las cifras de disminución de asesinatos son contundentes. “Se crea el decreto donde se prohíbe el parrillero hombre y efectivamente los índices poco a poco fueron bajando. No fue de un momento a otro porque las personas fueron renuentes, (…) los mototaxista siempre nos dieron un dolor de cabeza, hubo marchas hubo protestas, pero nada, los decretos se cumplen. Incluso cuando estos son transitorios, después de un año de prueba en el que se vieron mejoras  se prorrogó y así se ha mantenido”, fueron sus declaraciones. Los registros de muertes provocadas emitidos por Medicina Legal y la Policía Nacional, muestran una reducción que alcanza el 70%  en el periodo de tiempo comprendido entre el 2012 y 2015.

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Asimismo lo sustenta la Red de Ciudades Cómo Vamos- Santa Marta (un proyecto apoyado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Casa Editorial El Tiempo y la Fundación Corona que evalúa los cambios en la calidad de vida de la ciudad a través de un seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo) en su más reciente entrega de resultados luego de encuestar a una muestra significativa   de la ciudadanía. Según concluye el informe, la tasa de homicidios en el 2015 cerró en 16.5, una cifra que habla sí sola al compararla con el 49.1 obtenido en 2012.

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Entonces, en este punto es válido confirmar que este polémico decreto expedido en 2013 le hizo justicia a la muerte de la pequeña Salua Cotes. El trágico índice de homicidios finalmente se logró debilitar a pesar de los innumerables reclamos que la anterior administración tuvo que resistir.